JAVIER RICOU/ANTONI LÓPEZ (La Vanguardia)
La detención de Alejandro Martínez Singul, un violador en serie al que ahora se imputan dos nuevos intentos de agresión sexual, ha vuelto a dejar en evidencia la nula efectividad de las medidas de vigilancia aplicables con la actual ley a los delincuentes que salen de la cárcel sin estar rehabilitados. La vuelta a los calabozos de este violador reabre, asimismo, el debate sobre la necesidad, defendida desde la Conselleria de Justícia, de una reforma inmediata del Código Penal, que incluya la libertad vigilada y el seguimiento telemático en aquellos casos con claro riesgo de reincidencia.
El último obstáculo con el que se ha topado esta reforma –planteada en marzo del 2008 por una comisión de expertos impulsada desde del Departament de Justícia- se ha levantado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado con el apoyo del PP, que incluía la libertad vigilada y control telemático de los delincuentes no rehabilitados, ha recibido un severo varapalo de la Comisión de Estudios del CGPJ.
José Manuel Gómez Benítez, vocal del Poder Judicial y uno de los redactores de ese informe, recalcó ayer a este diario, antes de entrar a valorar los motivos de la críticas al anteproyecto del Gobierno, que la comisión de jueces está a favor de la libertad vigilada y el control telemático por considerarlas medidas “constitucionales y razonables”. El origen del rechazo del Poder Judicial, añade Gómez Benítez, está en la falta de concreción y en las lagunas jurídicas detectadas en el texto respaldado por el Congreso.
Uno de los puntos cuestionados por el CGPJ se refiere al momento de aplicación de la libertad vigilada. “La medida será ajustada siempre que se aplique a alguien que no ha disfrutado de libertad condicional o un régimen de tercer grado. Pero lo que no es factible es que esa libertad vigilada suponga un retroceso en la situación y libertades de la persona a la que se aplica”, indica Gómez Benítez. Esa laguna no está resuelta en el anteproyecto del Gobierno. Para evitar vulnerar derechos, en los casos en que ha habido permisos o libertad condicional, la libertad vigilada debería contemplar las mismas limitaciones que haya tenido ese preso en su última fase de la condena. Por ejemplo, añade Gómez Benítez, “no podemos obligar a llevar una pulsera telemática a una persona que acaba de cumplir su condena si ya ha disfrutado de periodos de libertad sin que se le aplicase esa medida”.
El Poder Judicial también critica que no se haya previsto qué agentes se encargarán de esa vigilanciaocómo se informará del seguimiento de las personas con libertad vigilada. El Gobierno tampoco deja claro qué mecanismos hay que seguir para anular esa medida, que debe de estar recogida en la sentencia, si los informes revelan que el condenado está rehabilitado. Otro punto rechazado de planopor el CGPJ es el que establece que los delincuentes sometidos a esta vigilancia especial podrán ser obligados también a someterse a tratamientos médicos. Para Gómez Benítez eso “es inconstitucional”. En la propuesta de la comisión creada por Justícia esta posibilidad –uno de los tratamientos podría ser la denominada castración química– sólo se contemplaba con el consentimiento del afectado. Si es así el
MÁS VIGILADOS
La fiscalía insiste en una reforma del Código Penal para aumentar el control
El Poder Judicial no pone ningún reparo. "Cabría, por ejemplo, la posibilidad de que una persona aceptase un tratamiento médico a cambio de reducir su tiempo de libertad vigilada".
José Manuel Gómez Benítez augura que la reforma del Código Penal acabará incluyendo la libertad vigilada. Aunque la opinión del CGPJ no es vinculante, se apunta clave su bendición para dar ese paso. Y fuentes jurídicas apuntaron ayer que el Ministerio de Justicia parece dispuesto a retocar todos los puntos criticados por los jueces para llevar adelante la iniciativa. Una iniciativa que la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, considera "necesaria, adecuada y legalmente posible". Ante la alarma ocasionada por la nueva detención de Martínez Singul, Compte entiende que el "seguimiento no invasivo" al que ha venido siendo sometido por los Mossos d´Esquadra se ha demostrado insuficiente para reprimir sus fechorías, con lo que ha vuelto a apostar enérgicamente por las medidas de vigilancia complementarias.
En cambio, Compte descarta la conveniencia de difundir imágenes del violador, al entender que podría contaminar la identificación por parte de víctimas o testigos de sus ataques.
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