miércoles, 18 de febrero de 2009

EL SOLITARIO DE LA CRISIS

EL SOLITARIO DE LA CRISIS


JAVIER RICOU

Lleida - 17/02/2009

Dar la culpa a la crisis para justificar atracos tiene recompensa mediática, pero una efectividad nula en el mundo de las leyes. Ausencio C., de Lleida, acaba de comprobarlo, al enviarlo el juez a la cárcel sin tener en cuenta la excusa aludida por este hombre de 52 años, sin antecedentes, que dijo haber asaltado cuatro bancos para sacar a su empresa de la ruina.

El paso por el juzgado de Ausencio C. - detenido el pasado viernes-fue tan fugaz como su desesperada y acelerada carrera delictiva. Al juez le bastaron veinte minutos de interrogatorio para decretar el ingreso en prisión, sin fianza, del empresario. El atracador lo puso fácil, ya que desde el primer momento ha reconocido todos los hechos. A los cuatro robos con intimidación y un quinto en grado de tentativa, hay que sumar otros cuatro delitos de detención ilegal. Ausencio amordazaba a sus víctimas, a las que intimidaba con un revólver de fogueo o una navaja militar, y las encerraba en una habitación de la oficina bancaria para asegurar su huida.

Este dueño de una pequeña empresa de reformas y electricidad que está a un paso de la ruina se inspiró para cometer sus "golpes" en el Solitario, uno de los atracadores más escurridizos de España. Roderic Moreno, jefe del área de investigación de los Mossos en Lleida, indica que Ausencio C. fue elevando, asalto tras asalto, su grado de profesionalización. "El hecho de saltar el perfil geográfico - el quinto asalto iba a cometerlo en Ascó, tras empezar su "carrera" en la provincia de Lleida y pasar por Huesca-es la prueba de que cada vez se sentía más seguro". Este inspector no tiene ninguna duda de que el empresario habría continuado con los atracos si no hubiera sido detenido.

Los Mossos están convencidos de que la esposa, los tres hijos y su familia desconocían la doble vida del empresario. En estos asaltos obtuvo un botín superior a los 80.000 euros, pero no se detectó un cambio en su ritmo de vida. Se desplazaba con su todoterreno y no hizo ningún ingreso bancario. Él asegura que el dinero sustraído, del que no hay rastro, lo usó para pagar a sus acreedores.

domingo, 15 de febrero de 2009

LA CIUDAD RURAL

El futuro del campo

AGRICULTORES Y URBANITAS ENFRENTADOS

Mientras unos demandan políticas de conservación de la fauna, la flora y el paisaje, otros perciben la protección del medio ambiente como una agresión a su modo de vida

Anxo Lugilde / Javier Ricou

Santiago / Lleida | 13/02/2009 |

El campo ya no sólo produce alimentos, sino también tranquilidad y formas de ocio saludable. Los nuevos usos del territorio rural enfrentan a sus habitantes tradicionales con los que llegan de la ciudades en busca del paraíso. Mientras unos demandan políticas de conservación de la fauna, la flora y el paisaje, otros perciben la protección del medio ambiente como una agresión a su modo de vida. A veces es difícil conciliar los intereses de todos.


Como afirma Joan Nogué, director del Observatori del Paisatge, "el país se ha encogido", fruto del desarrollo de las vías de comunicación. "Son conflictos de usos", opina Edelmiro Iglesias, director general de Desarrollo Rural de la Xunta de Galicia. "Hay un contencioso social y cultural entre dos visiones del mundo rural", completa el geógrafo gallego Román Rodríguez.

El Estado, como sostiene Edelmiro Iglesias, debe ordenar los usos del territorio, compensar a los afectados por aquellas actividades que no retribuye el mercadoy organizar la transición en territorios en los que las políticas de protección pueden generar riqueza en el futuro. En analogía con el principio de que "el que contamina paga", Jesús Arango, profesor de Economía de Oviedo, propone que "el que limite, compense".

A continuación, ejemplificamos con casos reales los conflictos de intereses entre el mundo rural y el urbano en diferentes pueblos de Catalunya, Asturias y Galicia.

AVES Y AGUA
Proteger las aves esteparias. Es la exigencia, bajo la amenaza de una millonaria multa, de la Unión Europea para dar luz verde a la eterna obra del canal Segarra-Garrigues. La UE, siguiendo la indicación de ecologistas, recorta en más de 20.000 hectáreas las 70.000 que se iban a convertir en terrenos de regadío.

La medida de protección de esta zona especial de protección de aves afecta a 18.0000 payeses que no entienden que una lista de pájaros –lgunos en seriopeligro de extinción– tenga más fuerza que su futuro. La solución no se apunta fácil. Todas las esperanzas están puestas en el Govern de Catalunya. Los regantes se manifestarán el lunes en la plaza Sant Jaume, en Barcelona. El rural sabe que para ser escuchado tiene que desplazarse hasta el centro urbano. Los conflictos por la protección de aves existen en otras zonas, como en A Limia (Ourense), donde enfrenta a agricultores y ecologistas, en una comarca
que sufrió grandes daños ambientales al secarse la laguna de Antela para cultivar patatas.

SEGUNDAS RESIDENCIAS
Joan Nogué, catedrático de Geografía Humana de la UdG y director del Observatori dels Paisatge de Catalunya, afirma que el "mobbing rural con mayúsculas" es el derivado de la presión urbanística que padece el entorno rural más virgen. Nogué opina que esta situación "debería ser rechazada y perseguida". Pero no toda la culpa la tienen los especuladores.

"La paradoja es que encontramos involucrados también a determinados actores locales", añade Nogué. Cuando la construcción de segundas residencias es desmesurada, el ambiente rural queda tocado y llegan los conflictos entre autóctonos y forasteros. En la Cerdanya nacieron los primeros movimientos para exigir un freno. Y otra paradoja: muchos de los que ahora no quieren más segundas residencias son los que ya tienen una en la zona que se quiere proteger.

GRANJAS MOLESTAS
Ahora que está tan de moda hablar de mobbing rural, algunos habitantes de ese entorno, cada vez más amenazado por agentes externos, no dudan en subirse al carro de aquellos que más levantan la voz para defender su modo de vida. Se han dado casos de granjeros que después de ser condenados a interrumpir la actividad de sus explotaciones, que los jueces han considerado ilegales, no han dudado en culpar de esas sentencias a los vecinos de las segundas residencias. Es la salida más fácil para justificar una actividad irregular que también molesta a los autóctonos. Pero a estos les cuesta más emprender acciones ilegales contra sus vecinos.

En Catalunya la ley es muy clara: está prohibido levantar granjas dentro de los núcleos de población. Y en la mayoría de los pueblos –ahora ya no hay corrales
de siete vacas o de veinte ovejas– los ganaderos han ido adaptándosea esta normativa. Otra cosa es, como explica un pastor de Val d'Aran, que las sucesivas ampliaciones urbanísticas acaben afectando a los pocos corrales que quedan.

'MOBBING' RURAL FRACASADO
En Vilalba (Lugo) conviven 15.000 personas y 18.000 cabezas de vacuno. La potencia numérica de la boina ha ahogado los intentos de mobbing rural. El ex alcalde, Agustín Baamonde, cuenta que recibió a varios propietarios de segundas residencias que protestaban por el mal olor de los silos y la proliferación de moscas. "Les dije que el rural es así y que los campesinos llegaron antes. O se adaptaron o se marcharon", explica.

En Lalín (Pontevedra), la dueña de una residencia de fin de semana fue con un abogado al Ayuntamiento para exigir que su vecino no echase purines ni en sábado ni en domingo. "Si cerramos las granjas, ¿de dónde van a salir los alimentos y quién va a cuidar el campo?", expone Manuel Fernández, concejal de Lalín, un pueblo con 21.000 habitantes y 25.000 vacas. No hay constancia de que el mobbing rural haya provocado en Galicia el cierre de granjas, protegidas por una norma que legalizó las ya consolidadas.

CAMPANAS Y GALLOS
Quejas por el ruido de las campanas o el canto del gallo. Aunque esa es la anécdota en el conflicto rural-urbano, cuando uno de estos casos llega a los medios de comunicación tiene el éxito asegurado. En Alfés (Segrià) o Sort (Pallars Sobirà), las quejas de vecinos por el ruido de las campanas durante la noche llegaron a transformarse en contenciosos.

En algunos pueblos de Girona ese choque entre dos culturas se ha producido por las molestias causadas por el canto de un gallo o el ruido de los cencerros que llevan vacas y ovejas. En un pueblo del Pallars Jussà el agua sabía a cloro los fines de semana. Nadie se explicaba el porqué de este cambio de gusto, hasta que los vecinos descubrieron que uno de los dueños de una segunda residencia ponía pastillas en el depósito municipal. Los urbanitas demandan nuevos servicios, como alcantarillado o depuradoras, carísimos en algunas zonas, como señala el geógrafo Román Rodríguez.

OSOS, LOBOS Y HUMANOS
"Aquí nos meten de todo, sin consultar". Es la queja que más se oye en el entorno rural catalán. La sensación de que todo se decide en los despachos de Barcelona o Madrid es generalizada. Y eso ha pasado con el oso. Las críticas más duras llegan desde Aran con mensajes como: "Nos ponen el oso en nuestros bosques para que nos vayamos de nuestras casas".

La falta de un pacto rural-urbano en reintroducciones de especies abre todavía más la brecha que separa esos dos mundos. En Asturias, en cambio, el oso es ya una marca rural, de la que se enorgullece la población, aunque también hay conflictos con esta especie y otras como el lobo. Los ganaderos denuncian constantes ataques y los ecologistas critican las cacerías. En Galicia hay enfrentamientos periódicos por las batidas del zorro, tradicionales en varios pueblos. El economista Jesús Arango pone de relieve que en algunas áreas rurales asturianas el ser humano es también una especie en extinción.

NATURALEZA PROTEGIDA
Las administraciones saben que se mueven en tierras movedizas cada vez que se plantea ampliar la protección de un espacio natural. Desde la zona implicada estos planes se ven como una agresión al considerar que el objetivo es que los urbanitas puedan disfrutar de entornos vírgenes. Un ejemplo está en la propuesta de ampliación del parque nacional de Aigüestortes. Los vecinos de los valles con más hectáreas protegidas no quieren nuevos mapas, pues saben que esa ampliación les resta terreno para cazar y coger setas.

En O Courel (Lugo), una parte de los vecinos y los grupos ecologistas denuncian la proliferación de las canteras que arruinan la maravillosa sierra, pendiente desde hace lustros de ser parque natural. Otros lugareños apoyan a las empresas, como fuentes de trabajo. En 1927 varios naturalistas propusieron que otra sierra lucense, Os Ancares, fuese declarada parque natural, pero hoy aún no ha sido posible, por la oposición vecinal.

TRADICIONES IMPORTADAS
En Catalunya se han reinventado en algunos pueblos tradiciones que jamás existieron. Eso ocurre cuando los dueños de segundas residencias suman más que los autóctonos. En esos casos el poder de decisión de los que viven todo el año en esos núcleos se esfuma. Los de fuera deciden cómo se montan las fiestas y hasta se inventan actos tradicionales que se hacían en localidades vecinas pero que en el núcleo donde ellos viven nunca existieron.







lunes, 9 de febrero de 2009

La ética de la televisión

El pago a implicados en casos delictivos remueve la moralidad informativa

Javier Ricou - LLeida

El mercado premia lo que el sistema penal condena". La afirmación está recogida en una proposición no de ley presentada en el pleno del Congreso por el grupo de Coalición Canaria (CC) para pedir la prohibición del pago de remuneraciones por parte de los medios de comunicación a delincuentes que no hayan satisfecho las indemnizaciones fijadas para las víctimas por sentencia. La inédita iniciativa llega después de las entrevistas pagadas a Julián Muñoz y Luis Roldán tras su paso por un plató de televisión.

Muñoz y Roldán han sido las dos gotas que han colmado un vaso que décadas atrás empezaron a llenar otros personajes como el Vaquilla, el Lute, la Dulce Neus o el Dioni. La intervención de estos últimos en programas televisivos para contar sus fechorías no provocó, sin embargo, ni la mitad de la polvareda levantada ahora por el rentable espectáculo mediático protagonizado por el ex alcalde de Marbella y el ex director de la Guardia Civil. La novedad, respecto a lo que pasaba hace unos años, es que estos temas saltan en cuestión de horas de los espacios y páginas de sucesos a los programas del corazón, cada vez más presentes en todas las cadenas. Y ahí se paga un dineral por explicar miserias y narrar delitos. Pero Muñoz y Roldán no tienen la exclusiva en esta polémica. Semanas antes de que ambos aceptaran sentarse en un plató, tras pasar por caja, otra entrevista televisiva movió los cimientos de la moralidad informativa. Violeta Santander, la mujer socorrida por un ciudadano cuando era agredida en la calle por su compañero, pregonó ante toda España que ese hombre que salió en su defensa (Jesús Neira) no era ningún héroe. Violeta hizo esas declaraciones, por las que presuntamente cobró 70.000 euros, cuando el profesor Neira se debatía entre la vida y la muerte. Y junto a lamujer maltratada que negaba la mayor se sentaron, previo cobro por su colaboración, un grupo de contertulios necesarios para animar el espectáculo. El último en sumarse a este club ha sido Farruquito, cuyo caché en los programas del corazón se ha disparado tras pasar por la cárcel por un atropello mortal.

La oportunidad para acabar con la cada vez más habitual presencia de delincuentes a sueldo en la televisión la acaba de poner en bandeja Coalición Canaria. Los partidos políticos representados en el Congreso tendrán que pronunciarse, por primera vez, sobre un tema delicadoyque presenta dos caras. Una parte de la sociedad rechaza abiertamente este tipo de espectáculos televisivos (en los casos de Muñoz y Roldán se llegaron a organizar campañas para boicotear esas entrevistas), mientras que otra parte de los ciudadanos tal como quedó reflejado por los índices de audiencia logrados con la emisión de esas entrevistasdemuestra abiertamente su interés por este tipo de programas al sentarse frente al televisor para verlos.

Ana Oramas, portavoz de CC, tienes puestas muchas esperanzas en esta proposición no de ley, hasta el punto de confiar en un apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios en el Congreso. "Si eso ocurriese, podría convertirse en una proposición institucional, lo que adelantaría el debate en el Parlamento", revela. Montserrat Quesada, catedrática de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, aplaude la iniciativa de Coalición Canaria pero se muestra menos optimista que Ana Oramas. "Ojalá me equivoque, pero me cuesta creer que la iniciativa salga bien y se pueda poner coto, por ley, a esta dinámica". Ana Rodríguez, pedagoga y responsable del área de violencia en los medios de comunicación del Centro Reina Sofía, alerta del daño que se hace con estas entrevistas al público que mira esos programas. "Cuando se paga a un delincuente para que explique su vida estamos reforzando su conducta. En definitiva, se premia la violencia y esa es la imagen que queda". Rodríguez aplaude la iniciativa de CC y considera que hay que tomar medidas para acabar con el pago a delincuentes por salir en la tele. Pero esta pedagoga opina que la fórmula ideal, más que la censura, sería el consenso entre los dueños de las cadenas. Esta pedagoga reconoce que igual se ha llegado ya tarde, "pues las televisiones han conseguido presentar esas entrevistas y programas como algo normal".

La portavoz de CC, Ana Oramas, insiste en que "ser delincuente no puede ser un negocio". Y añade que la situación de ahora no puede compararse con las entrevistas a otros personajes como el Vaquilla o el Dioni. "En aquel momento lo que las televisiones pagaban por participar en un programa era una miseria si se compara con lo que ofrecen ahora". En el caso de Julián Muñoz, el ex alcalde aceptó ser entrevistado a cambio de 350.000 euros, aunque parte de ese dinero (188.000 euros) ha acabado ingresado en un juzgado de Marbella al intervenir los tribunales.

La proposición no de ley de CC salpica también a los familiares, amigos o abogados de esos delincuentes y no diferencia entre medios públicos y privados. "Pagarles a ellos es como dar el dinero al protagonista de la historia y, por tanto, su paso por las televisiones debe ser también vetado si el delincuente no ha resarcido el daño causado a sus víctimas".

Ana Oramas mantiene que su propuesta no choca con la libertad de expresión. "Nosotros no vamos a prohibir que un delincuente vaya a la tele a explicar su vida, siempre y cuando eso no se premie con un sueldo. Si una televisión quiere entrevistarle, que lo haga, pero sin pagarle ni un céntimo", concluye.

Montse Quesada es rotunda al afirmar que "la televisión que ahora tenemos es la que el país se merece" y también alerta de "que hemos superado todos los límites". Esta catedrática de Comunicación añade que los dueños de las cadenas "han sido muy listos a la hora de atraer a esa parte de la audiencia, fiel a este tipo de espectáculos".

Pero Quesada precisa que esas audiencias de tres o cuatro millones por programa "tampoco son tan significativas como se podría creer". "No hay que olvidar que hay mucha más gente en el bando de los que no ven ese tipo de programas que en el de los fieles seguidores", concluye.

jueves, 5 de febrero de 2009

POLEMICA POR EL COBRO DE RESCATES DE MONTAÑA

El caso del practicante de snowboard perdido en la Cerdanya reabre el debate sobre el coste de los salvamentos

El rescate del joven perdido en

La Molina costó 67.000 euros

A partir de octubre la Generalitat pasará factura si se prueba temeridad o imprudencia de la víctima

Javier Ricou | Lleida | 05/02/2009 | LA VANGUARDIA

Un esquiador desorientado o un amante del snowboard negligente. A día de hoy, la aventura vivida por el joven de Mataró Albert Pérez, que estuvo perdido casi veinticuatro horas por las montañas de la Cerdanya no pasa de ser una historia con final feliz. Pero a partir del próximo mes de octubre casos como el protagonizado por este joven esquiador merecerán un análisis mucho más detallado, pues la diferencia entre perderse o ser imprudente se va a traducir en unos cuantos miles de euros.



Todo el operativo montado para encontrar a Albert Pérez habría costado más de 67.000 euros. La cifra no es oficial -los Bomberos no han facilitado este dato- pero ha sido obtenida partiendo de las tarifas fijadas por la Generalitat para este tipo de servicios yel número de efectivos y medios terrestres y aéreos movilizados en la búsqueda del esquiador.

En el operativo participaron un centenar de bomberos. Los efectivos fueron avisados a las seis de la tarde del lunes y el dispositivo -con relevos- se mantuvo hasta las tres de la tarde del día siguiente. Si se estima que cada uno de estos hombres hizo una media de 16 horas (es un cálculo a la baja), la factura por ese dispositivo -a 30 euros la hora por persona- asciende a 48.000 euros. A la zona se desplazaron también veinte vehículos de bomberos, lo que añade a la factura otros 12.480 euros por las 16 horas de servicio de cada una de esas dotaciones terrestres. El helicóptero que localizó al esquiador estuvo tres horas fuera de la base. Y eso cuesta otros 6. 813 euros.

El espectacular despliegue montado en la búsqueda del esquiador perdido en la Molina queda justificado, afirma Sebastià Massagué, jefe de los grupos operativos especiales de los Bomberos, por las condiciones climatológicas en la zona donde se perdió el joven.

Los equipos de rescate -en total participaron 140 personas, ya que a los bomberos hay que sumar efectivos de otros cuerpos-trabajaron toda la noche, "pues en caso de que hubiese sufrido una caída el tiempo, con esas bajas temperaturas y la copiosa nevada, corría en su contra", afirma Massagué.

Hay que dejar claro que en el caso protagonizado por Albert Pérez no hay, ahora mismo, datos suficientes para determinar si su aventura es fruto de la desorientación o la imprudencia, tal y como indica el responsable de los grupos operativos de los Bomberos.

El análisis para valorar su conducta (el esquiador mantiene que se salió de las pistas marcadas como consecuencia de la escasa visibilidad) sólo ha hecho que comenzar. Pero en el hipotético caso de que se determinara que este joven actuó de forma temeraria -Albert Pérez se perdió a última hora de la tarde del lunes cuando descendía, en medio de una copiosa nevada, desde la cota más alta de la Molina- la Generalitat se limitaría a remitir a este joven la factura del coste de su rescate. El próximo otoño dejará de ser así.

Esta iniciativa, que no es nueva, se retomó el pasado mes de octubre y con la misma "se pretende que los ciudadanos sean conscientes de lo que cuesta un rescate de montaña, al mismo tiempo que se les informa de lo importante que resulta seguir los consejos e ir bien preparados cuando se practican actividades que esconden algún riesgo", explica Massagué.

Cuando la Generalitat empiece dentro de nueve meses a cobrar por los rescates en alta montaña, la principal dificultad será diferenciar cuando se trata de un hecho provocado por la imprudencia y por temeridad o si, en cambio, el suceso es fruto de la mala suerte o de un desafortunado accidente. Para eso esta prevista la constitución de una comisión de expertos que analizará en profundidad cada caso que se produzca.

Los expertos partirán de tres premisas básicas para fijar ese cobro del rescate, como son que el accidente haya tenido lugar en una zona señalizada como peligrosa, la ausencia del equipo necesario para la práctica de la actividad y la petición de un servicio de rescate sin un motivo que esté "objetivamente justificado".

Un bombero destinado en el Pirineo, con 35 años de experiencia, reconoce que marcar el límite entre la imprudencia o la mala suerte va a resultar muy complicado en los accidentes de montaña. El agente apunta que el temor a pagar una elevada factura podría disuadir a más de un herido o alpinista extraviado a solicitar ayuda. Este profesional asegura que los efectivos realizan igual su trabajo, con independencia de que la víctima haya cometido o no una imprudencia.

martes, 3 de febrero de 2009

CRÍMENES QUE CREAN ALARMA

Programas de rehabilitación en las cárceles

Confesar para rehabilitarse

El éxito de los programas para agresores sexuales en la cárcel requiere que el delincuente asuma el mal hecho

Las terapias pueden durar un año, son voluntarias y un alto porcentaje de violadores no las sigue

JAVIER RICOU -


"La amenacé con una navaja, la llevé hasta un cuarto oscuro y allí la violé. Sé que hice mucho daño a esa mujer, asumo toda mi responsabilidad y estoy arrepentido". Si este relato, que es ficticio, lo hubiese escrito un violador sometido a uno de los programas de control de la agresión sexual que se aplican en las cárceles catalanas, como el que siguió Pedro Jiménez García, los psicólogos considerarían que el tratamiento para intentar rehabilitar a este delincuente habría finalizado con éxito. Es lo que se conoce como informe de responsabilidad,un relato en el que el delincuente sexual debe asumir toda su culpa. Rellenar ese papel en blanco, que después el recluso debe leer ante otros agresores sexuales, individualmente o delante de un familiar, es la parte más delicada y complicada del programa al que son sometidos este tipo de delincuentes.

El informe de responsabilidad es la culminación de un trabajo que ha durado entre nueve y doce meses, con 170 sesiones. Lluís Franco, director de los servicios territoriales de Justícia en Lleida y que ha trabajado como psicólogo en uno de estos programas llamados SAC (siglas en inglés de control de la agresión sexual), admite que los delincuentes sexuales, como los toxicómanos, no se curan, pero sí pueden aprender a desarrollar mecanismos para controlar sus impulsos o adicciones.

¿En qué consisten estos programas y cómo se aplican en la cárcel? Lluís Franco parte de un caso hipotético de un preso condenado a doce años por violación. Una vez evaluado, se marca un calendario. "Este recluso podrá entrar en el SAC cuando le falten entre tres o cuatro años para cumplir las tres cuartas partes de la condena", indica. Es decir, durante los primeros seis años su seguimiento en la cárcel será como el de cualquier otro recluso, pero a partir de ahí ya debe iniciar un tratamiento específico.

"Lo que se pretende es hacer coincidir esta terapia con las primeras salidas o permisos que pueda tener", añade Franco. El problema es que el SAC no es de seguimiento obligatorio para los violadores en la cárcel y sólo la mitad acceden a someterse a este programa. "Si no hay motivación por parte del interno y ganas por enmendar su conducta el SAC no funciona", revela.

En las primeras sesiones apenas se habla del delito. "El hecho de no abordar directamente el motivo de la condena, nos permite ganar la confianza del interno. Durante los primeros meses se evalúan sus conductas sexuales, distorsiones cognitivas, grado de agresividad, el comportamiento social que tenía antes de cometer el delito...", explica el experto. Otra parte muy importante de la terapia es "conseguir que sea consciente del daño causado, no sólo a la persona a la que agredieron, si no también a los familiares de esa víctima y a los propios parientes del interno".

Cuando se llega a este punto, han pasado cinco meses del inicio del tratamiento. Entonces se empieza a hablar de cada caso individual. Las terapias son en grupo. En el momento en el que se sacan a relucir los hechos cometidos, son muchos los que deciden abandonar el programa.

Y llega la hora de la verdad: el informe de responsabilidad. El recluso debe escribir en un papel lo qué ha hecho. "La sorpresa aparece cuando en esos relatos se cuentan cosas que no están ni en la sentencia y que sólo sabía el propio interno". Dado este paso, el preso debe elegir un familiar al que explicar su delito. "Ese será su apoyo en el exterior". Después se inician las salidas terapéuticas. "En estos casos nunca son por placer. Se programan para ir a un psicólogo de fuera de la cárcel o para visitar a familiares". Si se llega a esta fase, Franco considera que el programa ha sido un éxito.

El delincuente sexual ha asumido su culpa y tiene identificados los factores de riesgo que debe evitar para repetir su conducta. "Un agresor sexual de niños sabe que pasar junto a un colegio es un fallo, que no puede cometer". Para un violador, sólo el pensar en abusar de una mujer es una recaída. Lo que no puede afirmar Franco ni ningún otro profesional que haya trabajado en estos programas es que esos delincuentes no volverán a delinquir.